El denominado Estado Mayor Central de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (EMC-FARC) y el Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro culminaron el tercer ciclo de conversaciones, que se realizó en Bogotá, la capital del país.

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La ronda de diálogos, iniciada el pasado 11 de enero, firmada por ambas partes en octubre de 2023 y que culminó el pasado lunes, coincidió con la prórroga del cese el fuego bilateral y temporal entre el Gobierno y el EMC.

En el ciclo que terminó se consignó el quinto acuerdo entre las delegaciones negociadoras, que establece el alto al fuego hasta el 15 de julio próximo, que podrá ser extendido otra vez.

El quinto acuerdo alcanzado entre los equipos negociadores, según detalla la publicación La Silla Vacía, habla sobre la ruta para la participación social, el compromiso socioambiental, las transformaciones territoriales y los aspectos humanitarios, jurídicos y de seguridad.

En el documento difundido por dicho medio, el EMC ratifica su disposición poner fin a las «retenciones con fines económicos», calificadas como secuestros extorsivos por el Gobierno, mientras dure el cese al fuego.

La retención de personas con fines económicos se ha constituido como un punto de inflexión en las negociaciones del Gobierno colombiano con distintos grupos, dentro de la política de ‘paz total’, tras el secuestro del padre del futbolista colombiano Luis Díaz, el pasado mes de octubre, por el Ejército de Liberación Nacional (ELN),

El EMC reitera las acciones humanitarias para «la prevención de contacto armado, retorno de civiles y/o combatientes y realización de corredores humanitarios, entre otros».

En la misma línea, se compromete a acatar el Derecho Internacional Humanitario «cuanto a vinculación de integrantes a sus estructuras armadas».

En el contexto de la mesa de diálogo, se definirán «acciones de respeto a los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y demás sectores sociales» y se «buscará lograr reducciones en las afectaciones a la población civil».

También, las partes ayudarán a los programas de búsqueda de personas, localización y entrega en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El diálogo entre ambas partes pasó por momentos tensos tras la toma militar que ordenó el presidente Petro, de la zona del Cañón del Micay (Cauca), donde hay economías ilícitas, cultivos coca, tráficos de armas y minerales.

El EMC declaró a principios de noviembre que suspendería el diálogo, acción cuestionada por voceros del Gobierno que dudaron sobre el sentido de mantener el cese al fuego si el diálogo se había interrumpido unilateralmente.

Las tensiones entre las partes disminuyeron cuando el grupo de las disidencias anunció en diciembre pasado que renunciaba al secuestro como forma para obtener fondos.

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